En una sesión que generó fuerte repercusión, la Cámara de Diputados aprobó con 137 votos a favor la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639), introduciendo cambios significativos en la protección de las zonas glaciares y periglaciares del país.
La modificación redefine qué áreas estarán bajo resguardo ambiental y transfiere a las provincias la facultad de decidir qué actividades productivas podrán desarrollarse en esos territorios. Este punto despertó preocupación en distintos sectores, ya que implica un cambio en el esquema de protección vigente hasta el momento.
Uno de los aspectos más cuestionados es que la protección ya no será amplia y automática. A partir de ahora, solo se contemplarán aquellas zonas con “función hídrica comprobada”, lo que podría habilitar el avance de actividades como la minería en áreas anteriormente consideradas intangibles.
Además, el Inventario Nacional de Glaciares dejará de tener carácter vinculante, pasando a ser una herramienta de referencia para las decisiones provinciales, lo que también fue señalado como un retroceso en materia de control ambiental.
Frente a este escenario, organizaciones como Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas impulsan una demanda colectiva para frenar la aplicación de la reforma en la Justicia.
Los espacios convocantes sostienen que la medida podría ser inconstitucional al vulnerar el principio de “no regresividad” en materia ambiental, además de poner en riesgo reservas estratégicas de agua dulce fundamentales para el país.
En paralelo, cuestionaron el proceso legislativo al señalar que miles de personas no pudieron participar de manera efectiva en las audiencias públicas previas al tratamiento del proyecto.
En este contexto, la movilización social continúa en crecimiento y el reclamo se traslada al ámbito judicial. Desde las organizaciones remarcan que la defensa del ambiente y del agua se convirtió en una prioridad frente al avance de proyectos extractivos en zonas sensibles.
La convocatoria a la demanda colectiva sigue abierta, invitando a la ciudadanía a sumarse a lo que ya se perfila como una de las mayores acciones ambientales de los últimos años en el país.
