*El oficialismo pretende modificar una ley que aprobó hace un mes para avanzar sobre funciones esenciales del Estado*

El oficialismo pretende modificar una ley que aprobó hace un mes para avanzar sobre funciones esenciales del Estado

El bloque de diputados provinciales Más para Entre Ríos expresa su rechazo al proyecto impulsado por la diputada Noelia Taborda y acompañado por la mayoría oficialista, que propone modificar el artículo 5° de la Ley Nº 11.280, que establece el nuevo Régimen General de Concesiones de la Provincia.

Lo que genera preocupación no es solamente el contenido de la iniciativa, sino también el mensaje institucional que transmite. Se trata de una ley que fue sancionada hace poco más de un mes luego de ser debatida en la Legislatura y que acaba de ser promulgada. Sin embargo, el oficialismo legislativo que responde al gobernador Rogelio Frigerio, que votó esa misma ley, ahora pretende modificar uno de sus artículos centrales. Esto constituye una clara desvalorización del trabajo legislativo y una falta de respeto hacia la discusión parlamentaria y los aportes realizados por la oposición.

Precisamente, durante el debate de la ley, uno de los principales planteos de nuestro bloque estuvo vinculado a la necesidad de establecer límites claros e inequívocos para evitar cualquier posibilidad de privatización de áreas sensibles del Estado. Por eso, el artículo 5° vigente establece de manera expresa que la educación pública, la salud pública, la seguridad, la justicia y el sistema penitenciario quedan excluidos de toda modalidad de concesión, delegación, privatización o transferencia a terceros.

Sin embargo, la modificación impulsada por el oficialismo elimina esa prohibición explícita y la reemplaza por una redacción que admite la concesión de actividades y funciones esenciales, reservando para el Estado únicamente la titularidad y las facultades regulatorias y de fiscalización.

La diferencia es sustancial. Mientras el texto vigente prohíbe de manera categórica la concesión de funciones esenciales, la nueva redacción abre la puerta para que esas actividades puedan ser gestionadas por terceros.

Resulta llamativo que quienes hace pocas semanas defendían públicamente el texto aprobado ahora sostengan la necesidad de modificarlo. ¿Qué nivel de seriedad tuvo entonces el debate legislativo que llevó a su sanción si, a los pocos días, quieren votar exactamente lo contrario?

Es claro el motivo de nuestra preocupación: esta modificación habilita la concesión de actividades o funciones esenciales. Si se aprueba, se podrá concesionar, privatizar o transferir a terceros la gestión de servicios vinculados a la salud, la educación, la justicia o la seguridad.

No se trata solamente de una discusión jurídica, sino fundamentalmente de la definición del rol que debe asumir el Estado en la garantía de derechos fundamentales. La educación, la salud, la justicia y la seguridad son responsabilidades indelegables del Estado.

Por eso defenderemos el texto vigente, que establece con claridad que las funciones esenciales del Estado no pueden ser concesionadas ni privatizadas.