Ante la denuncia radicada en sede judicial respecto a la administración de los fondos provenientes del Servicio de Adicionales de la Policía de Entre Ríos, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia informa que el caso se encuentra actualmente en etapa investigativa en el ámbito de la Justicia.

En ese marco, el Ministerio realizó de manera inmediata diversas diligencias en dependencias policiales junto a funcionarios de la fiscalía interventora. Durante el procedimiento se secuestró documentación vinculada al servicio de Policía Adicional, la cual quedó resguardada para ser sometida a un riguroso análisis. En esa línea, la cartera aclaró que el proceso de ejecución de dichos servicios se encuentra exclusivamente bajo la órbita de la Policía de Entre Ríos (PER).

Reformulación del sistema

El servicio de Policía Adicional estaba regulado por el decreto Nº 1729/19 MGJ, una normativa que permitía al personal policial prestar el servicio adicional de forma simultánea, aun estando en servicio ordinario de guardia.

Atento a las circunstancias actuales, se realizó un profundo análisis jurídico junto a distintas áreas legales de la Provincia y se concluyó que no es conveniente continuar con dicha modalidad para no afectar el normal cumplimiento de la seguridad pública.

Por este motivo, se dispuso la reformulación estructural del sistema a través del decreto Nº 1225/26 DTO. Esta nueva normativa prohíbe explícitamente que el personal activo realice servicios adicionales mientras se encuentra cumpliendo funciones ordinarias o de guardia. Por tanto, reserva esta tarea únicamente para aquellos agentes que se encuentren en situación de franco, además de preveer una mejora remunerativa para quienes efectivamente realicen el servicio adicional.

Transparencia y garantías institucionales

Los hechos denunciados se encuentran en pleno proceso de investigación por parte de la fiscalía competente. El Ministerio de Seguridad y Justicia facilita activamente el avance de la causa mediante la entrega de pruebas y una total apertura institucional.

Asimismo, la cartera estatal descarta de manera categórica cualquier tipo de represalia y garantiza que no se adoptará ninguna medida administrativa ni sancionatoria contra los funcionarios denunciantes, respaldando el derecho a exponer las irregularidades que atenten contra el patrimonio público.

Finalmente, y conforme al estado de derecho, se recordó que por el momento rige el principio de inocencia con respecto a los funcionarios denunciados. Serán los fiscales actuantes quienes resuelvan la causa penal, cuyos resultados podrían dar origen a resoluciones administrativas concomitantes.