Allanaron propiedades de Gustavo Bordet en Concordia por presunto enriquecimiento ilícito

Los procedimientos comenzaron alrededor de las 8 en la ciudad de Concordia, incluyendo la vivienda ubicada en calle Urquiza 867 —residencia del ex mandatario junto a la diputada provincial Mariel Ávila—, otra propiedad lindera en calle Salta 66 y una tercera en el barrio privado Village Termal, sobre avenida Monseñor Rosch.

Investigación y medidas judiciales

Las medidas fueron solicitadas por el fiscal José Emiliano Arias, quien encabeza la investigación sobre la evolución patrimonial del actual diputado nacional. Días atrás, Bordet había renunciado a los fueros parlamentarios que limitaban este tipo de procedimientos.

En el marco de la causa, también se dispuso el secuestro de documentación vinculada a bienes, ingresos y operaciones comerciales, como escrituras, facturas, recibos y registros contables. Asimismo, se ordenó la incautación de dispositivos electrónicos y la realización de relevamientos técnicos en los inmuebles.

Alcance de la causa

La investigación no solo involucra a Bordet y a su esposa, sino también a sus hijas mayores de edad, al ex secretario General de la Gobernación Franco Ferrari y a Sonia Alejandra Romero, entre otras personas.

Según la hipótesis fiscal, durante el período comprendido entre 2007 y 2023, el ex mandatario habría incrementado de manera desproporcionada su patrimonio mientras se desempeñaba como intendente de Concordia y luego como gobernador de Entre Ríos.

Puntos bajo análisis

Entre los ejes de la pesquisa se encuentran la adquisición de al menos diez inmuebles, presuntas inconsistencias en declaraciones juradas, viajes al exterior que no se corresponderían con los ingresos declarados y transferencias bancarias consideradas sospechosas.

Además, se investiga la posible participación de terceros como intermediarios en la administración o titularidad de bienes.

Contexto

El caso es considerado de gravedad por el Ministerio Público Fiscal, al tratarse de presuntos delitos contra la administración pública. La causa se encuadra en el artículo 268 del Código Penal, que tipifica el enriquecimiento ilícito de funcionarios.

Los allanamientos contaron con la participación de personal policial, Policía Científica y auxiliares judiciales, y forman parte de una serie de medidas orientadas a reunir pruebas clave para el avance de la investigación.