Un hombre de 55 años, oriundo de Seguí y radicado en Crespo, fue condenado a cuatro años y medio de prisión domiciliaria tras reconocer su responsabilidad en un caso de trata de personas con fines de explotación laboral en la zona de Paraná Campaña.
El acuerdo fue homologado este jueves por el Tribunal Oral Federal de Paraná, en el marco de un juicio abreviado, procedimiento mediante el cual el imputado admitió su culpabilidad y aceptó la pena impuesta, evitando así la realización de un juicio oral.
Condena, reparación económica y condiciones del arresto
La sentencia, dictada por la jueza Mariela Emilce Rojas, establece que el condenado cumplirá la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario. Además, deberá abonar una reparación económica de 12 millones de pesos a la víctima, mediante un pago inicial y cuotas mensuales, así como afrontar las costas del proceso judicial.
El fallo también contempla la posibilidad de salidas excepcionales, debidamente justificadas, por cuestiones de salud de familiares o laborales, las cuales deberán ser autorizadas por el Juzgado de Ejecución correspondiente.
Condiciones de explotación y vulnerabilidad
De acuerdo a la investigación, el hecho ocurrió en 2021 en un campo ubicado en Crucecita 7º, donde la víctima realizaba tareas rurales en condiciones de extrema precariedad.
El trabajador cumplía jornadas de hasta 12 horas diarias, desarrollando tareas de desmonte, fumigación con agroquímicos y manejo de maquinaria, sin contar con elementos de protección adecuados. Por su labor, percibía unos 1.500 pesos diarios, con pagos que se realizaban cada tres meses y con descuentos aplicados por el empleador.
Asimismo, se constató que vivía en una casilla precaria, sin acceso a baño en condiciones, agua caliente ni servicios básicos, lo que evidenció un contexto de vulnerabilidad y condiciones indignas.
Denuncia e intervención
El caso se inició a partir de una denuncia realizada a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el delito de trata. También intervinieron UATRE y RENATRE, quienes alertaron sobre la situación.
La causa fue impulsada por la fiscal María Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), y permitió reunir pruebas sobre las condiciones laborales y de vida del trabajador.
Qué es el juicio abreviado
El juicio abreviado es un mecanismo legal que permite resolver un proceso penal sin llegar a instancia de juicio oral. Para ello, el acusado debe reconocer su culpabilidad y aceptar la calificación del delito, lo que conlleva una reducción de la pena.
Este procedimiento busca agilizar los tiempos judiciales y evitar procesos extensos, aunque implica la renuncia del imputado a apelar la sentencia.
El caso vuelve a poner en agenda la problemática de la explotación laboral en ámbitos rurales y la importancia de los mecanismos de denuncia y control para garantizar los derechos de los trabajadores.
