Desde el sector advierten que la iniciativa introduce cambios estructurales que afectan directamente el sistema de prestaciones. En ese marco, Amaru Méndez, presidenta de la ONG Neurocea, manifestó su preocupación y señaló que “nuevamente tenemos que empezar la lucha”, al tiempo que calificó la propuesta como regresiva.
Uno de los puntos más cuestionados es la eliminación del nomenclador único, que actualmente regula los aranceles de las prestaciones. De aprobarse la normativa, esos valores quedarían sujetos a la decisión de cada obra social o prepaga, lo que podría generar fuertes desigualdades y afectar la continuidad de los tratamientos.
Según indicaron, esta desregulación impactaría directamente en profesionales, transportistas y, principalmente, en las personas con discapacidad, quienes podrían ver interrumpidos sus tratamientos, terapias y acceso a medicación. “Hay un deterioro creciente en muchos casos”, advirtieron desde el sector.
El rechazo se da en un contexto ya complejo para los prestadores, con demoras prolongadas en los pagos y aranceles que no logran acompañar el ritmo inflacionario. En ese escenario, consideran que el proyecto profundiza la crisis en lugar de ofrecer soluciones.
Frente a esta situación, organizaciones y asociaciones confirmaron que iniciaron gestiones ante legisladores nacionales para frenar el avance de la iniciativa en el Senado. Además, remarcaron que el reclamo involucra a un amplio colectivo: personas con discapacidad, familias, profesionales y entidades que trabajan en el ámbito.
El debate recién comienza, pero desde el sector ya anticipan un escenario de movilización y reclamo en defensa de los derechos conquistados.
