Se pedía refaccionar el mural “NUNCA MAS “situado en el tapial de la Bloquera Municipal de nuestra ciudad, los concejales de la oposición no lo quisieron aprobar y lo pasaron a comisión, comentó a este medio Pedro Abasto .
LO QUE DECÍA EL PROYECTO
VISTO:
Que un 20 de septiembre de 1984 la denominada “CONADEP” Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas entregó su “informe final”; Y:
CONSIDERANDO:
Que, dicha “Comisión Nacional sobre la desaparición de personas” (Luego conocida como CO.NA.DE.P.) se formó el 15 de diciembre de 1983 con el objetivo de investigar las reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período del terrorismo de Estado en Argentina en las décadas del 70 y el 80.
Que, la misma no fue instituida para juzgar, sino para indagar sobre lo ocurrido con los desaparecidos. Una vez formada, recibió miles de declaraciones y testimonios, y verificó la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención en todo el país.
Que, la comisión fue conformada con personalidades reconocidas y respetadas del país, de distintos ámbitos del conocimiento. Entre ellas: Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, René Favaloro y el Obispo Jaime de Nevares. La Conadep se reunió por primera vez el 22 de diciembre del 1983, en el segundo piso del Centro Cultural General San Martín, cuando comenzaron a recibir lo que se convertiría en una avalancha de denuncias. El resultado de toda esa investigación fue entregado el 20 de septiembre de 1984 al presidente Raúl Alfonsín, luego de un discurso de Ernesto Sábato. El voluminoso informe final, de varias carpetas, registraba la existencia de 8961 desaparecidos y de 380 centros clandestinos de detención. La detallada descripción permitió probar la existencia de un plan sistemático perpetrado por el Estado, elemento clave para el histórico Juicio a las Juntas Militares de 1985.
Que, ese informe final y el posterior juicio y condena a los integrantes de las juntas militares deben servir de enseñanza para asumir un compromiso democrático, ético y social. Nunca más al terrorismo de Estado y nunca más a la violencia como herramienta política y medio para llegar al poder.-
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VIALE SANCIONA
CON FUERZA DE
R E S O L U C I Ó N
ART. 1º) En RECORDATORIO del “INFORME FINAL” presentado un 20 de septiembre de 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personal (Co.Na.De.P.), DISPONESE solicitar la restauración del Mural “NUNCA MÁS” que fuera pintado por iniciativa de la entonces Secretaría de Cultura, Deporte y Educación de nuestra Municipalidad, en el muro de la Bloquera Municipal y que mediante RESOLUCION Nº 223/2018 se declaró de Interés Histórico para nuestra Ciudad.–
ART. 2º) Bajo el espíritu de ese histórico lema INSTAR a todos quienes tienen representatividad y responsabilidades de orden político, respecto de la necesidad de cultivar los valores y principios que hacen a la vida democrática y republicana, a la tolerancia, la convivencia en el disenso, a la importancia de fomentar el compromiso y la participación ciudadana; en tanto único camino para lograr la unión de todos los Argentinos más allá de las diferencias de orden político, social o económico.-
ART. 3º) De forma.-
EL DATO APORTADO POR EL EDIL
A 38 años de la CONADEP: la decisión de Alfonsín y la verdad sobre los desaparecidos pese a las presiones
A sólo cinco días de asumir la presidencia, el 15 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Su presidente fue Ernesto Sábato y sus conclusiones fueron publicadas en el Nunca Más, base testimonial del Juicio a las Juntas
Tres días después de asumir como presidente, Raúl Alfonsín hizo ingresar varios proyectos de Ley en el Congreso de la Nación. Entre otros, la derogación de la ley de Autoamnistía que los militares promulgaron para dejar impunes los crímenes de Lesa Humanidad antes de abandonar el poder; la Reforma del Código de Justicia Militar, la adhesión del país a los pactos internacionales vinculados con los derechos humanos; cambios en el Código de Procedimientos para que los civiles estuvieran en condiciones de apelar las condenas de los tribunales militares y la modificación del Código Penal para elevar las penas por el delito de torturas.
También ese día firmó dos decretos claves en la lucha por los Derechos Humanos. Ambos promovían el juzgamiento en un proceso sumario ante el Consejo de las Fuerzas Armadas a los miembros de las tres primeras Juntas y el enjuiciamiento de los líderes guerrilleros de Montoneros y del ERP
Alfonsín justificó su decisión: “Es imprescindible para la materialización del estado de derecho que se juzgue a quienes en nuestro pasado reciente han sembrado terror, dolor y muerte a lo ancho de la sociedad argentina”. Fue dos días después de aquellas decisiones, el 15 de diciembre de 1983, que promulgó el decreto 187/83, a través del cual se creó la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. A partir de ese instrumento, las violaciones a los derechos humanos ya no serían ignoradas desde el Estado argentino.
Alfonsín declaró en el momento de la creación: «No puede haber un manto de olvido. Ninguna sociedad puede iniciar una etapa sobre una claudicación ética semejante».
Tenían sólo 180 días para ejercer su labor. La Comisión quedó conformada por: Ernesto Sábato, René Favaloro, Magdalena Ruíz Guiñazú, los juristas Ricardo Colombres y Eduardo Rabossi, el filósofo Gregorio Klimovsky, el ingeniero Hilario Fernández Long, el obispo Jaime de Nevares, el rabino Marshall Meyer y el obispo metodista Carlos Gattinoni.
. De los legisladores participaron tres diputados radicales Horacio Huarte, Santiago López y Hugo Piucill designados por la Cámara se sumaron en enero de 1984. El Senado, con mayoría justicialista, no envió representantes.
la labor de la CONADEP (y su principal fruto: el Nunca Más) hoy se presenta como intachable no fue así en el momento de su conformación y actuación. El gobierno y sus integrantes debieron luchar contra diversos enemigos y sortear más obstáculos de los que se puede imaginar a más de tres décadas.
En la actualidad se suele hablar del “consenso del Nunca Más” para referirse a acuerdos mínimos sobre las violaciones a los derechos humanos y a las bases de nuestro sistema democrático, en diciembre de 1983 ese consenso estaba muy alejado de conseguirse.
El peronismo se oponía a la conformación de la Comisión, el mismo peronismo que había hecho campaña anunciando que confirmaría y avalaría la ley de autoamnistía, los grupos de derechos humanos tampoco estaban de acuerdo y algunas minorías parlamentarias insistían en la investigación en el Congreso basándose en un proyecto presentado por un diputado .A eso se le debe sumar la oposición de los militares
Alfonsín, en los días previos, en declaraciones periodísticas había expresado esas intenciones: “En la comisión investigadora quiero que estén desde Monseñor Jaime De Nevares hasta Pérez Esquivel, pasando por dirigentes de todos los partidos políticos. Queremos que se sepa la verdad de lo ocurrido. Que aparezcan con vida habrá muy pocos. Sé lo que voy a hacer. Sé que no voy a quedar bien con nadie, aunque estoy seguro que a mayoría silenciosa estará de acuerdo conmigo. Los que tienen capacidad de movilización por un lado o por otro, se pondrán furiosos”.
A fines de diciembre también se incorporó una pieza clave: Graciela Fernandez Meijide a cargo de la secretaría de Recepción de Denuncias. Su tarea y experiencia en el mismo sector en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) fue vital para la ejecutividad de la Comisión.
Debían recibir denuncias y pruebas y remitirlas a la justicia si constituían delito; averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas; determinar la ubicación de los niños sustraídos; denunciar a la justicia cualquier intento de sustracción, ocultamiento de pruebas o encubrimiento; y emitir un informe final a 180 días de su constitución.
A mediados de diciembre el Centro Cultural San Martín, sede de la Comisión, se convirtió en un hervidero y cientos de personas pasaban por día a dejar sus denuncias y documentación. Los miembros de la CONADEP visitaron los centros clandestinos, tomaron denuncias, siguieron pruebas, revisaron expedientes, indagaron en registros militares y policiales.
La labor de las secretarías y de las organizaciones de derechos humanos que aportaron material probatorio fue fundamental. Graciela Fernández Meijide contó que debieron adiestrar (o reemplazar) a quienes recibían las denuncias de familiares y de detenidos porque muchos no podían enfrentarse con esos relatos descarnados y repletos de dolor.
El 20 de septiembre de 1984 Ernesto Sabato entregó el informe final al presidente Alfonsín y al Ministro del Interior Antonio Troccoli.
Voluminosas carpetas, miles de fojas, que transcribiendo denuncias, aportando pruebas, narraban el horror vivido en el país. Afuera, en la Plaza de Mayo, más de 70 mil personas acompañaban. Esa personas, representantes de las agrupaciones y de partidos políticos (aún de aquellos que no habían acompañado la formación de la Comisión) sabían que vivían un momento histórico.
Ernesto Sábato encomendó la elaboración final del informe a Gerardo Taratuto, jurista y dramaturgo, con un pasado en la defensa de las instituciones y los derechos humanos. Taratuto contó alguna vez que las directivas de Sábato fueron muy claras: “Quería un informe que ofreciera una visión nacional, diera cuenta de la violación de derechos y principios fundamentales del orden político, moral y religioso —el derecho a la vida, a la defensa y a la información—, que la gente lo pudiese leer, lo entendiera hasta un ama de casa y que, si lo leía un militar, se avergonzara y no pudiera aducir que eran patrañas”.
El Informe logra no sólo transmitir los testimonios desgarradores, sino establecer con claridad que se trató de un plan sistemático orquestado desde el estado.
Registra 8960 desapariciones y la existencia y ubicación de 340 centros clandestinos de detención más allá de aclarar que pueden existir otras casos que no fueron denunciados y que se desconocían a ese momento. El terrorismo de estado está descripto de manera contundente en esas páginas.
El Nunca Más se convirtió en el cuerpo probatorio indispensable en el Juicio a las Juntas.
Su texto, las denuncias, su valor probatorio, su claridad, constituyen una catedral de la buena fe y del trabajo bien hecho. Su contenido, su modo de producción y el momento en que fue emitido son el obstáculo insuperable para los negacionistas. No hay versiones, no existen las interpretaciones. El Nunca Más acumula pruebas, brinda un panorama irrefutable del horror. Fijo parámetro básicos para la discusión pública (y para las investigaciones judiciales) posterior.
A 38 años de distancia, y teniendo en cuenta la manera en que funcionan las instituciones en nuestra país, resulta increíble que en tan poco tiempo y en condiciones tan adversas un grupo de hombres y mujeres hayan podido producir un documento de tal valor, certeza e integridad.
( LA FOTO DE PORTADA CORRESPONDE AL AÑO 2018 )
