El operativo fue organizado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), y del procedimiento de seguridad en el traslado participaron Gendarmería Nacional y la Policía de Entre Ríos.
La carga controlada y el transporte de las armas judicializadas, que serán destruidas en un alto horno emplazado en la provincia de Buenos Aires, se realizó el 13 de octubre por la noche, bajo estrictas medidas de seguridad.
El procedimiento fue autorizado por el Alto Cuerpo a través de la Resolución de Superintendencia N 152/21, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 21/17, del 8 de agosto de 2017, y el Protocolo con la ANMAC que el STJER aprobó en 2018.
Días previos al traslado el material había sido resguardado en 24 bolsas de seguridad precintadas, identificadas y selladas por el personal de la Oficina de Efectos Secuestrados del STJER.
El Poder Judicial entrerriano es el primero del país en entregar armas en pandemia y la metodología que se utilizó para este fin fue tomada como modelo y replicada en otras provincias.