Tras un largo camino, iniciado desde principios de siglo XX por mujeres de diversos espacios políticos y con la increíble fuerza política que constituyó la irrupción de Eva Duarte de Perón en la esfera pública, el sufragio universal se convirtió en Ley en nuestro país recién en 1947, y en realidad efectiva en 1951.

No obstante, a pesar de la enorme conquista del voto femenino, la participación de las mujeres en los espacios de poder político siguió siendo marginal por mucho tiempo más. Desde el derrocamiento del presidente Juan D. Perón en 1955 hasta la salida de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica en 1983, los procesos de ampliación de derechos políticos se vieron totalmente interrumpidos.

En lo que respecta a nuestra participación en los espacios de poder políticos, hasta la década de 1990 la media de diputadas en el Congreso fue de apenas el 6 %. A pesar de la eliminación de las imposibilidades legales para ocupar espacios de poder y del retorno de la democracia, las mujeres no lográbamos acceder a los máximos cargos. A esto es lo que se llama “Techo de Cristal”.

Es por esa razón que las acciones de “discriminación positiva” o acciones de “afirmación positiva”, se vuelven imprescindibles para garantizar condiciones de igualdad. La necesidad que existan este tipo de leyes, medidas y políticas confirman que, efectivamente, la desigualdad existe y hay que luchar contra ella. Así fue como en 1991, la Ley N° 24.012 o “Ley de Cupo” estableció un piso mínimo del 30% de representación femenina en las listas partidarias para cargos legislativos nacionales. Su impacto fue sustancialmente positivo, pero el 30% de participación de las mujeres en las listas se convirtió en un techo y no en un piso de participación. Fue entonces cuando se comenzaran a impulsar iniciativas vinculadas a las “leyes paritarias” para que los espacios de poder político parlamentario sean distribuidos entre varones y mujeres de manera igualitaria.

En 2007, por primera vez en nuestra historia, llegó al cargo de Presidenta de la Nación Argentina una mujer elegida por el voto del pueblo, Cristina Fernández de Kirchner. Con ella se volvió a visibilizar nuestra inmensa capacidad política pero, también, la violencia a la que nos vemos expuestas. Durante sus gobiernos, imprescindibles leyes y medidas fueron desarrolladas en favor de las mujeres: Asignación Universal por Hijo; Asignación Universal por Embarazo; jubilaciones para las amas de casa; la Ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares; la Ley 26.364 de Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas; la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y el decreto 936/2011 que promueve la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual; entre otras.

En el 2017, y a pesar de un complejo contexto de retroceso en materia de derechos sociales por la aplicación de políticas neoliberales durante la presidencia de Mauricio Macri, fue aprobada con un amplio margen de apoyo político la Ley de Paridad (165 votos afirmativos, 4 negativos y 2 abstenciones). La Ley 27.412 o “Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política” explicita que, como requisito para la oficialización de las listas a cargos legislativos nacionales, éstas deben estar integradas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente. La conformación de las listas partidarias tiene que representar un 50% al género femenino y un 50% al masculino.
En algunas provincias hubo antecedentes de leyes de paridad y tras la sanción de la Ley 27.412, comenzó un proceso más rápido de adhesión, pero, sin embargo, Entre Ríos sigue teniendo una de las leyes más retrasadas al respecto de todo el país; que burla el artículo 17 de la Constitución de Entre Ríos (año 2008), que establece la equidad de genero.
Las mujeres entrerrianas hemos luchado siempre por la justicia y la paridad en los cargos de toma de decisión. Esa lucha está inscripta en la constitución provincial del año 2008 en varios artículos, por ejemplo, el 17, de Equidad de Género; y el 20, de Derechos sexuales y reproductivos.
Con la fuerza de las mujeres militantes de todos los partidos políticos se consiguió constitucionalizar el derecho a la paridad y las peronistas tuvimos un protagonismo central en los 15 años previos, con diversas estrategias para vencer la política corporativista y misógina. La recolección de firmas en toda la provincia en apoyo al 50 y 50 en las listas de candidaturas, año a año inundaban la comisión de legislación de la Cámara de Diputados; también la gran movilización del 8 de marzo del 2006, previa a la elección de constituyentes, reclamando el 50 y 50; son algunos de los ejemplos. La bravura de las peronistas es recordada por todo dirigente varón de esa época.
La lucha por la participación público política de las mujeres en condiciones de igualdad excede a los ámbitos legislativos. El debate por la paridad alcanza actualmente a los gobiernos en la composición de sus gabinetes, a los partidos políticos y sindicatos, a las comisiones directivas de clubes, a las universidades, a los centros de estudiantes. Pero necesitamos ir conquistando uno a uno esos derechos y esos espacios y como peronistas feministas, teniendo los enormes ejemplos de Eva Duarte y Cristina Fernández, que nos alientan y exhortan.
Durante las elecciones de 2019, el lema #FeministasEnLasListas y #FeministasEnLosGabinetes manifestó que nuestra fuerza crítica y constructiva llegó para quedarse, también en Entre Ríos.
Por eso decimos ¡Ley de Paridad en Entre Ríos ya! ¡Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad!