Esta iniciativa se basa en los fundamentos que otorga el Artículo 124° de la Constitución Nacional y el Artículo 85° de la Constitución Provincial que reconocen el federalismo de los recursos hacia las provincias en tanto derecho indiscutido”, indicó el legislador justicialista.
Lara consideró que se trata de un aval legislativo para que el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande pase a dominio y administración del Estado Provincial, estableciendo así el principio de soberanía energética. “El reconocimiento del derecho de propiedad por parte del Ejecutivo Nacional y la restitución de la represa al Gobierno de Entre Ríos nos permitirán recuperar nuestros recursos y asegurar mejores condiciones de vida para los entrerrianos”, apuntó.

Lara recordó que la iniciativa cuenta entre sus principales impulsores al gobernador Gustavo Bordet. “Provincializar la represa de Salto Grande, que genera energía de nuestro río, puede posibilitar que se reduzca la tarifa eléctrica en nuestros hogares y las industrias. Esto no es una utopía porque el recurso, que es el agua, es de los entrerrianos, lo dice la Constitución Nacional”, sostuvo en su momento Bordet.

“Tal como lo señala el gobernador, a los entrerrianos nos asiste la razón y el derecho”, dijo Lara y remarcó que otras que existen otras provincias que se benefician con regalías hidrocarburíferas o mineras, por los recursos con los que cuenta. “Acá en Entre Ríos, por el contrario pagamos la energía eléctrica más cara”, sostuvo el diputado provincial.

LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

En otro orden, el diputado Lara también se mostró satisfecho por la sanción de la Cámara baja a la Ley que Responsabilidad Patrominial del Estado. “Se trata de una iniciativa –profundamente debatida en ambas cámaras- que regula la responsabilidad del Estado por daños que su acción u omisión les produzca a los bienes y derechos de las personas. En efecto, crea un marco jurídico a aplicar a las relaciones que sean generadoras de perjuicios que el Estado a través de sus disposiciones, funcionarios y agentes causen a los ciudadanos. La resolución de tales tensiones y conflictos será materia de incumbencia exclusiva del Derecho Público Provincial y de ninguna manera esta facultad será delegada al poder nacional”.
En ese sentido, el legislador oriundo de María Grande explicó: “A partir de esta Ley nuestros jueces podrán aplicar y generar una valiosa interpretación de las normas que estamos creando desde la Legislatura. Por ella se rige la Responsabilidad del Estado provincial, municipios, comunas, entes autárquicos, descentralizados y demás entes públicos estatales provinciales, municipales o comunales, en todas sus manifestaciones y niveles. Privilegiamos la protección y reparación integral de la víctima del daño pero en la lógica armonía con los intereses públicos que están también comprometidos en la responsabilidad del estado en forma indirecta”, remarcó.